Impuestos y comida chatarra

Diversas voces provenientes tanto del MINSAL como de la oposición han planteado la posibilidad de incrementar el impuesto a la denominada “comida chatarra”. La finalidad de esta medida es incentivar una alimentación más saludable y disminuir las cifras de obesidad existentes en nuestro país, además de obtener recursos para la reconstrucción del país. La intención parece meritoria, pero teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de los chilenos, tal vez este no sea el mejor camino.

Hace unos años se ha venido trabajando en el tema, primero se legisló en cuanto a la rotulación de los alimentos y luego sobre el contenido de grasas y sal en los mismos. Pero, para que exista un impacto real y concreto en la salud, es necesario que el gobierno envíe un proyecto de ley que norme y fiscalice el consumo de esos alimentos. He aquí el primer problema, ya que no hay una definición formal sobre lo que es la comida chatarra; lógicamente es un poco difícil aplicar un gravamen a algo indeterminado.

Parece más razonable incentivar a las empresas de comida saludable para que aumenten la oferta de este tipo de comida, sin aumentar los precios de la misma. De esta manera, se le estaría entregando una alternativa al consumidor y se le estaría dando la oportunidad a la gente de cambiar sus hábitos alimenticios, pero desde una motivación propia. Con esto se puede mejorar la salud de los consumidores sin afectar su libertad, además de disminuir los gastos del sistema de salud en patologías asociadas al consumo de comida chatarra, que es lo que finalmente se persigue.

Muchos opinan que con esta idea, se reduciría la venta de comida chatarra y, por tanto, su consumo. Sin embargo, al encarecer esta comida se puede terminar incentivando la formación y crecimiento de un mercado informal paralelo. Es decir, proliferación de venta en las calles o en establecimientos no autorizados para ello, con la consecuente implicancia en la supervisión de la higiene, lo que podría acarrear otros problemas de salud. Con lo anterior no se estaría haciendo hincapié en la medida, sino que pasa a un segundo plano en virtud de un tema tan importante para la población como es el legítimo derecho a escoger qué comer.

En definitiva, la aplicación de este gravamen por sí sola no genera un incentivo en la población como para cambiar los hábitos alimenticios. Se debe complementar esta medida con otras que apunten a la disminución de la demanda de estos alimentos y el fomento del consumo de comida saludable. Es necesario concientizar a la población y no imponer una medida arbitraria que afecta contra la libertad de elección.