Profesionales en un mundo de profesores

De nuevo, el rendimiento de los estudiantes en la prueba Simce nos muestra la realidad: la calidad de la educación en Chile es deficiente. Dentro de este contexto, un factor fundamental es la competencia del profesorado, y se ha tratado de medirla por medio del Sistema de Evaluación Docente, que busca robustecer la profesión, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de éstos, con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus pupilos. Pero, según la última evaluación, 3 de cada 10 profesores no cumplen con la idoneidad para realizar una labor aceptable. Es por esto que son muchos los que comparten la idea de que el principal obstáculo a la educación está en los profesores y, de paso, se desprestigia cada día más esta profesión.

Este antecedente da para pensar en la formación universitaria de los profesores y allí, nuevamente, hay sorpresas poco gratas, ya que los resultados de la primera evaluación de conocimientos a egresados de pedagogía básica (prueba INICIA), dejan una sensación de descontento general. Sólo el 47% de los examinados respondió correctamente, o sea, más de la mitad de los futuros profesores no aprueban un examen de conocimientos básicos. Esto contribuye al descrédito social de la carrera de Pedagogía y a un desmedro en la labor de los profesores en comparación con otras actividades.

Un tópico a destacar es la relación entre la PSU y la prueba INICIA: quienes obtuvieron bajos puntajes PSU, alcanzan malos resultados INICIA. Es conocido que existen ciertas carreras, entre las que se encuentra pedagogía, que no exigen un puntaje muy alto y algunas universidades privadas ni siquiera exigen haber rendido la PSU. Si no se cuenta con los mejores alumnos en esta carrera, difícilmente estos estarán capacitados para sostener sobre sus hombros el peso de un sistema educacional que ya es deficiente. Como se ha planteado: "la calidad de un sistema educacional no puede exceder la calidad de sus profesores".

Durante el año pasado, el Senado aprobó la Ley General de Educación (LGE), cuyo artículo 46 G permitirá que profesionales o licenciados de carreras de al menos ocho semestres realicen clases en un área afín a su especialidad en la educación media, lo anterior termina con la prohibición de que profesionales de distintas áreas realicen clases a escolares. Esto ha enfrentado al profesorado con el resto de las profesiones del país, según el Colegio de Profesores: “Es uno de los retrocesos más grandes que ha tenido la educación en nuestro país y ella desacredita la labor docente”. No obstante, para el MINEDUC, la aprobación de esta ley no implica que los profesionales sustituyan a los docentes: “La prioridad absoluta la tienen los profesores. Esta medida busca regular la habilitación en el caso de carencia de docentes”. Lo anterior toca el punto más importante del problema educacional en Chile: las competencias de los profesores no concuerdan con lo que se le exige hoy al sistema escolar.

Es por esto que muchas personas han tomado el cambio en la LGE como una instancia para acercar a jóvenes profesionales de diversas disciplinas a ejercer como profesores en colegios. A priori, se podría pensar que al tener más preparación en un área específica, éstos se desarrollarían mucho mejor en el aula que los pedagogos. Pero, esto no garantiza que el aprendizaje de los estudiantes sea mejor, sólo asegura que la persona que está enseñando maneja una cantidad de conocimientos específicos sustancialmente mayores. Aún cuando esta idea resulta atractiva, si no se cuenta con la formación necesaria para entregar los contenidos que se deben enseñar, difícilmente los alumnos podrán aprovechar la ventaja mencionada anteriormente. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta el hecho de que existen muchos de estos profesionales que realizan clases por un asunto de vocación y que están dispuestos a perfeccionarse a nivel universitario con el fin de poder enseñar como un experto.

En Chile ya se están tomando iniciativas al respecto, un ejemplo de esto es la labor que está realizando la Fundación Enseña Chile, que aplica un modelo Estadounidense que busca insertar profesionales dentro de la educación y hacer que estos sean “los transformadores de su entorno”. En nuestro país, la idea ha tenido éxito y los postulantes han superado con creces las vacantes ofrecidas, por lo que se puede pensar que las ganas y la motivación están presentes. Esto puede ser una solución al problema educacional, sería provechoso para nuestra educación el poder aunar las ganas de enseñar con la metodología y la didáctica necesarias para ser un buen pedagogo.

Profesionales en un mundo de profesores

De nuevo, los resultados los resultados de la prueba Simce nos muestran la realidad: la calidad de la educación en Chile es deficiente. Dentro de este contexto, un factor fundamental es la competencia del profesorado, y se ha tratado de evaluarla por medio del sistema de Evaluación Docente, que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus alumnos. Sin embargo, según los resultados de la última evaluación, 3 de cada 10 profesores no cumplen con la competencia para realizar una labor aceptable. Es por esto que son muchos los que comparten la idea de que el principal obstáculo a la educación está en los profesores y, de paso, se desprestigia cada día más esta profesión.

Lo anterior da para pensar en la formación de universitaria de los profesores y allí, nuevamente, hay sorpresas poco gratas, ya que los resultados de la primera evaluación de conocimientos a egresados de pedagogía básica (prueba INICIA), dejan una sensación de descontento general. Sólo el 47% de los examinados respondió correctamente este examen, o sea, más de la mitad de los futuros profesores no aprueban un examen de conocimientos básicos. Un tópico a destacar es la relación entre el puntaje PSU y el puntaje en la prueba INICIA: quienes obtuvieron bajos puntajes PSU, obtienen malos puntajes en la prueba INICIA. En relación a lo anterior, es conocido que existen ciertas carreras, entre las que se encuentra pedagogía, que no exigen un puntaje muy alto y algunas universidades privadas ni siquiera exigen haber rendido la PSU. Claramente, si no se cuenta con los mejores alumnos, difícilmente estos estarán capacitados para sostener sobre sus hombros el peso de un sistema educacional que ya es deficiente, como se ha planteado, "la calidad de un sistema educacional no puede exceder la calidad de sus profesores".

Durante el año pasado, el Senado aprobó la Ley General de Educación (LGE), cuyo artículo 46 G permitirá que profesionales o licenciados de carreras de al menos ocho semestres realicen clases en un área afín a su especialidad en la educación media, lo anterior termina con la prohibición de que profesionales de distintas áreas realicen clases a escolares. Claramente esto ha enfrentado al profesorado con el resto de las profesiones del país, según el Colegio de Profesores: “Es uno de los retrocesos más grandes que ha tenido la educación en nuestro país y ella desacredita la labor docente”. No obstante, para el MINEDUC, la aprobación de esta ley no implica que los profesionales sustituyan a los docentes: “La prioridad absoluta la tienen los profesores. Esta medida busca regular la habilitación en el caso de carencia de docentes”. Esta situación toca el punto más importante del problema educacional en Chile: las competencias de los profesores no concuerdan con lo que se le exige hoy al sistema escolar.

Es por esto que muchas personas han tomado el cambio en la LGE como una instancia para acercar a jóvenes profesionales de diversas disciplinas a ejercer como profesores en colegios. A priori, se podría pensar que al tener más conocimientos en un área específica, estos profesionales se desarrollarían mucho mejor en el aula que los pedagogos. Pero, esto no garantiza que el aprendizaje de los estudiantes sea mejor, sólo asegura que la persona que está enseñando maneja una cantidad de conocimientos específicos sustancialmente mayores. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta el hecho de que existen muchos de estos profesionales que realizan o estarían dispuestos a hacer clases por un asunto de vocación. Sería provechoso para nuestra educación el poder aunar las ganas de enseñar con los conocimientos necesarios para ser un buen pedagogo. Claramente, si las cosas fueran así, los resultados de la prueba INICIA serían diametralmente opuestos.

En Chile ya se están tomando iniciativas al respecto, un ejemplo de esto es la labor que está realizando la Fundación Enseña Chile, que aplica un modelo Estadounidense que busca insertar profesionales dentro de la educación y hacer que estos sean “los transformadores de su entorno”. En nuestro país, la idea ha tenido éxito y los postulantes han superado con creces las vacantes ofrecidas, por lo que se puede pensar que las ganas y la motivación están presentes. Esto puede ser una solución al problema educacional, pero también es tiempo que nuestras facultades de educación demuestren que son capaces de producir pedagogos preparados y capaces de implementar cambios a tal punto, que no nos quede espacio a la duda de que los profesores también son irreemplazables.

Impuestos y comida chatarra

Diversas voces provenientes tanto del MINSAL como de la oposición han planteado la posibilidad de incrementar el impuesto a la denominada “comida chatarra”. La finalidad de esta medida es incentivar una alimentación más saludable y disminuir las cifras de obesidad existentes en nuestro país, además de obtener recursos para la reconstrucción del país. La intención parece meritoria, pero teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de los chilenos, tal vez este no sea el mejor camino.

Hace unos años se ha venido trabajando en el tema, primero se legisló en cuanto a la rotulación de los alimentos y luego sobre el contenido de grasas y sal en los mismos. Pero, para que exista un impacto real y concreto en la salud, es necesario que el gobierno envíe un proyecto de ley que norme y fiscalice el consumo de esos alimentos. He aquí el primer problema, ya que no hay una definición formal sobre lo que es la comida chatarra; lógicamente es un poco difícil aplicar un gravamen a algo indeterminado.

Parece más razonable incentivar a las empresas de comida saludable para que aumenten la oferta de este tipo de comida, sin aumentar los precios de la misma. De esta manera, se le estaría entregando una alternativa al consumidor y se le estaría dando la oportunidad a la gente de cambiar sus hábitos alimenticios, pero desde una motivación propia. Con esto se puede mejorar la salud de los consumidores sin afectar su libertad, además de disminuir los gastos del sistema de salud en patologías asociadas al consumo de comida chatarra, que es lo que finalmente se persigue.

Muchos opinan que con esta idea, se reduciría la venta de comida chatarra y, por tanto, su consumo. Sin embargo, al encarecer esta comida se puede terminar incentivando la formación y crecimiento de un mercado informal paralelo. Es decir, proliferación de venta en las calles o en establecimientos no autorizados para ello, con la consecuente implicancia en la supervisión de la higiene, lo que podría acarrear otros problemas de salud. Con lo anterior no se estaría haciendo hincapié en la medida, sino que pasa a un segundo plano en virtud de un tema tan importante para la población como es el legítimo derecho a escoger qué comer.

En definitiva, la aplicación de este gravamen por sí sola no genera un incentivo en la población como para cambiar los hábitos alimenticios. Se debe complementar esta medida con otras que apunten a la disminución de la demanda de estos alimentos y el fomento del consumo de comida saludable. Es necesario concientizar a la población y no imponer una medida arbitraria que afecta contra la libertad de elección.

Impuestos y comida chatarra

Diversas voces provenientes tanto del MINSAL como de la oposición han planteado la posibilidad de incrementar el impuesto a la denominada “comida chatarra”. La finalidad de esta medida es incentivar una alimentación más saludable y disminuir las cifras de obesidad existentes en nuestro país, además de obtener recursos para la reconstrucción del país. La intención parece meritoria, pero teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de los chilenos, tal vez no sea el mejor camino.

Hace unos años se ha venido trabajando en el tema, primero se legisló en cuanto a la rotulación de los alimentos y luego sobre el contenido de grasas y sal en los mismos. Pero, para que exista un impacto real y concreto en la salud, es necesario que el gobierno envíe un proyecto de ley que norme y fiscalice el consumo de esos alimentos. He aquí el primer problema, ya que no hay una definición formal sobre lo que es la comida chatarra; lógicamente es un poco difícil aplicar un gravamen a algo indeterminado.
Parece más razonable incentivar a las empresas de comida saludable para que aumenten la oferta de este tipo de comida, sin aumentar los precios de la misma. De esta manera, se le estaría entregando una alternativa al consumidor y se le estaría dando la oportunidad a la gente de cambiar sus hábitos alimenticios, pero desde una motivación propia. Con esto se puede mejorar la salud de los consumidores sin afectar su libertad, además de disminuir los gastos del sistema de salud en patologías asociadas al consumo de comida chatarra, que es lo que finalmente se persigue.
Muchos opinan que con esta idea, se reduciría la venta de comida chatarra y, por tanto, su consumo. Sin embargo, al encarecer esta comida se puede terminar incentivando la formación y crecimiento de un mercado informal paralelo. Es decir, proliferación de venta en las calles o en establecimientos no autorizados para ello, con la consecuente implicancia en la supervisión de la higiene, lo que podría acarrear otros problemas de salud. Con lo anterior no se estaría haciendo hincapié en la medida, sino que esta pasa a un segundo plano en virtud de un tema tan importante para la población como es el legítimo derecho a escoger qué comer.
En definitiva, la aplicación de este gravamen por sí sola no genera un incentivo en la población como para cambiar los hábitos alimenticios. Se debe complementar esta medida con otras que apunten a la disminución de la demanda de estos alimentos y el fomento del consumo de comida saludable. Es necesario concientizar a la población y no imponer una medida arbitraria que afecta contra la libertad de elección.

Energía nuclear en Chile (correción)

En nuestro país estamos pasando por una crisis energética y se han propuesto muchas soluciones al respecto, entre las que se cuenta el uso y desarrollo de la energía nuclear. Con relación a lo anterior, hay distintas posiciones que avalan o refutan el uso de esta energía, pero desde mi punto de vista, Chile no posee las condiciones adecuadas para usar la energía nuclear como una alternativa energética.
En cuanto a los costos económicos, la implementación de una central nuclear significaría una gran inversión para el país. Hay que recordar que en nuestro país no hay un gran desarrollo científico en esa área, por lo que sería necesario traer una gran cantidad de profesionales y expertos del extranjero. Además, se necesita financiar la preparación de un programa nuclear para el país y hacer una serie de estudios ambientales; lo que requiere una inversión importante tanto en dinero como en tiempo.
Por otro lado, hay que considerar que Chile se encuentra situado en una zona sísmica, lo que representa un peligro para la construcción de una planta nuclear. El terremoto ocurrido recientemente nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que ocurriese una emergencia nuclear producto de una construcción mal hecha. Basta con recordar el accidente en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en Japón, que se produjo a causa de un terremoto. Supuestamente, esa planta cumplía con todos los estándares de seguridad y, sin embargo, los sistemas de seguridad no funcionaron y se desencadenó una fuga de material radioactivo hacia el exterior, con el consecuente costo ambiental asociado a ello.
Muchos opinan que la implementación de una central nuclear proporcionaría a Chile una independencia energética, sobre todo en estos tiempos en los que las coyunturas políticas con Argentina han dado tanto de que hablar. En algún sentido, eso podría ser cierto si es que no se toma en cuenta que nuestro país es rico en recursos energéticos que pueden y deben utilizarse. Existen fuentes renovables de energía, como la eólica, la solar, la geotérmica, entre otras; todas ellas energías limpias y nacionales y que permitirían evitar la dependencia energética de voluntades ajenas.
Es evidente que este es un tema que dará que hablar por mucho tiempo y generará muchos debates al respecto. Sin embargo, creo que en el país hace falta voluntad política para desarrollar un plan energético serio que contemple el uso e impulso de energías renovables y amigables con nuestro ambiente. Vivir en un ambiente limpio es un derecho al que no debemos renunciar.

Energía nuclear en Chile

Un tema que ha estado en boga en los últimos tiempos es la energía en nuestro país. Es un hecho que estamos pasando por una crisis energética y se han propuesto muchas soluciones al respecto, entre las que se cuenta el uso y desarrollo de la energía nuclear. Con relación a lo anterior, hay distintas posiciones que avalan o refutan el uso de esta energía, pero desde mi punto de vista, Chile no posee las condiciones adecuadas para usar la energía nuclear como una alternativa energética.
En cuanto a los costos económicos, la implementación de una central nuclear significaría una gran inversión para el país. Hay que recordar que en nuestro país no hay un gran desarrollo científico en esa área, por lo que sería necesario traer una gran cantidad de profesionales y expertos del extranjero. Además, se necesita financiar la preparación de un programa nuclear para el país y hacer una serie de estudios ambientales; lo que necesita una inversión importante tanto en dinero como en tiempo.
Por otro lado, hay que considerar que Chile se encuentra situado en una zona sísmica, lo que representa un peligro para la construcción de una planta nuclear. El terremoto ocurrido recientemente nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que ocurriese una emergencia nuclear producto de una construcción mal hecha. Basta con recordar el accidente en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en Japón, que se produjo a causa de un terremoto. Supuestamente, esa planta cumplía con todos los estándares de seguridad y sin embargo, los sistemas de seguridad no funcionaron y se desencadenó una fuga de material radioactivo hacia el exterior, con el consecuente costo ambiental asociado a ello.
Muchos opinan que la implementación de una central nuclear proporcionaría a Chile una independencia energética, sobre todo en estos tiempos en los que las coyunturas políticas con Argentina han dado tanto de que hablar. En algún sentido, eso podría ser cierto si es que no se toma en cuenta que nuestro país es rico en recursos energéticos que pueden y deben utilizarse. Existen fuentes renovables de energía, como la eólica, la solar, la geotérmica, entre otras; todas ellas energías limpias y nacionales y que permitirían evitar la dependencia energética de voluntades ajenas.
Es evidente que este es un tema que dará que hablar por mucho tiempo y generará muchos debates al respecto. Sin embargo, creo que en el país hace falta voluntad política para desarrollar un plan energético serio que contemple el uso e impulso de energías renovables y amigables con nuestro ambiente. Vivir en un ambiente limpio es un derecho al que no debemos renunciar.